Un estado alemán tomó la decisión de abandonar los productos de Microsoft y migrar completamente a Linux y software libre o de código abierto. Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, confirmó que inicia el proceso para eliminar el uso de herramientas como Office, Outlook y Teams en sus oficinas gubernamentales.
El ministro de Digitalización de la región, Dirk Schroedter, explicó que el objetivo es recuperar el control sobre las operaciones digitales del Estado. La medida busca reducir la dependencia de grandes empresas tecnológicas y garantizar la soberanía de los datos. Según el plan, en tres meses ningún servidor público operará con software de Microsoft.
Schleswig-Holstein no parte de cero. Desde 2023, la mitad de sus 60 000 empleados públicos ya utiliza herramientas de software libre. Ahora, el gobierno ampliará la estrategia para reemplazar Windows en el corto plazo. Entre las alternativas adoptadas están LibreOffice, Open-Xchange para correo electrónico y calendario, y una distribución de Linux aún no especificada.
El ministro Schroedter destacó la responsabilidad del Estado hacia ciudadanos y empresas. «Debemos asegurar que sus datos estén protegidos y que tengamos control absoluto sobre nuestras soluciones informáticas», afirmó. La región también adoptará el formato OpenDocument como estándar e implementará Nextcloud, Thunderbird y sistemas de telefonía basados en código abierto.
Alemania no está sola en este movimiento. Dinamarca anunció días atrás un plan similar para migrar de Windows a Linux y abandonar Office. Caroline Stage Olsen, ministra de Digitalización danesa, señaló que la soberanía digital es una prioridad. Casos como el de un fiscal de la Corte Penal Internacional, que perdió acceso a su correo por sanciones de EEUU, refuerzan la urgencia de reducir dependencias externas.
Schleswig-Holstein ya compartió su hoja de ruta. Incluye capacitación para 30 000 empleados en la primera fase y el desarrollo de servicios propios, como un directorio activo y una solución de telefonía open source. La transición marca un punto de inflexión en la relación entre gobiernos y gigantes tecnológicos.
