El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) se prepara para solicitar que el juez a cargo del juicio antimonopolio contra Google ordene la venta de su popular navegador Chrome. Esta medida surge tras la determinación judicial de que la empresa ha mantenido un monopolio ilegal en el mercado de búsquedas en línea, según un reporte de Bloomberg.
Chrome, reconocido como el navegador más utilizado a nivel mundial, ha sido señalado por los abogados del gobierno estadounidense como una herramienta clave que Google utiliza para promover sus propios productos. Según los argumentos presentados, esta práctica limita tanto las alternativas disponibles como los incentivos para que la competencia se desarrolle en el sector tecnológico.
En el marco de las acciones propuestas, las autoridades también están considerando exigir la separación de algunos de los principales servicios de Google. Entre las medidas contempladas figura la desvinculación de Android de los servicios de búsqueda y Google Play. Sin embargo, esta iniciativa no incluiría la venta de Android como tal. Además, se planea imponer la obligación de que Google comparta más datos con los anunciantes y les otorgue mayor control sobre dónde se colocan sus anuncios.
Otro punto destacado en las recomendaciones es proporcionar a los sitios web más opciones para evitar que su contenido sea empleado por los productos de inteligencia artificial de Google. Este aspecto refleja una creciente preocupación sobre el uso de datos recopilados por la empresa en sus desarrollos tecnológicos. Asimismo, las autoridades buscarán prohibir los contratos exclusivos, una práctica que fue central en el caso presentado contra Google.
Ante estas iniciativas, Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, calificó las acciones del Departamento de Justicia como una agenda “radical” que, según ella, va más allá de las cuestiones legales planteadas en el caso. Sus declaraciones reflejan la tensión creciente entre las grandes empresas tecnológicas y las autoridades regulatorias, en un contexto donde el escrutinio sobre el poder de mercado de estas compañías sigue aumentando.
