Un informe de Proton revela el crecimiento exponencial de las peticiones gubernamentales y reabre el debate sobre la vigilancia digital.
El 1 de abril de 2026, la empresa de privacidad Proton publicó un informe que pone cifras al aumento de las solicitudes de datos de usuarios por parte del gobierno de Estados Unidos a las grandes tecnológicas. Según el documento, en los últimos diez años las peticiones dirigidas a Apple, Google y Meta crecieron un 770%, lo que se tradujo en la entrega de información de más de 3,5 millones de cuentas al gobierno federal.
Si se incluyen las solicitudes amparadas en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), la cifra asciende a 6,7 millones de cuentas. Este dato llega en un momento clave: la Sección 702 de la FISA, que permite a las agencias de inteligencia recopilar datos de no ciudadanos y, de manera incidental, comunicaciones de estadounidenses, expirará el 20 de abril de 2026.
El debate sobre la Sección 702
La inminente expiración de la Sección 702 ha reactivado el debate en el Congreso. Mientras algunos senadores de ambos partidos consideran que debe renovarse con reformas que incluyan la exigencia de órdenes judiciales para acceder a los datos, otros defienden su extensión sin cambios.
El presidente Donald Trump ha manifestado su apoyo a una prórroga de 18 meses, lo que añade presión política a la discusión. La decisión final tendrá implicaciones directas sobre el equilibrio entre seguridad nacional y privacidad ciudadana.
La postura de las tecnológicas
El informe de Proton también recoge la respuesta de las compañías. Meta declaró que, aunque las solicitudes han aumentado de manera significativa, su nivel de cumplimiento —es decir, la proporción de casos en los que entrega información— se ha mantenido estable.
Este matiz es relevante porque indica que las empresas no necesariamente están cediendo más datos en términos relativos, aunque sí enfrentan un volumen mucho mayor de peticiones.
Un fenómeno de largo plazo
El crecimiento del 770% en una década refleja un cambio estructural en la relación entre el Estado y las plataformas digitales. La expansión de la vigilancia se vincula tanto a la evolución tecnológica como al aumento de la dependencia de los servicios online en la vida cotidiana.
La cifra de millones de cuentas afectadas muestra que la vigilancia ya no es un fenómeno marginal, sino un componente central de la infraestructura digital.
Implicaciones para la privacidad
El informe de Proton subraya que este aumento plantea preguntas urgentes sobre la protección de la privacidad y el papel de las empresas tecnológicas como guardianes de la información personal.
La discusión sobre la Sección 702 se convierte así en un punto de inflexión: ¿deben las agencias de inteligencia mantener acceso amplio y sin orden judicial, o corresponde reforzar los mecanismos de control judicial y transparencia?
El informe de Proton no solo aporta cifras, sino que contextualiza un debate que se intensifica con la proximidad del 20 de abril. La decisión sobre la renovación o reforma de la Sección 702 marcará el futuro de la vigilancia digital en Estados Unidos y definirá el grado de protección que tendrán los ciudadanos frente a la creciente demanda de datos por parte del gobierno.
La tensión entre seguridad nacional y derechos individuales se mantiene en el centro de la discusión, y las cifras de crecimiento exponencial en las solicitudes de datos son la evidencia más clara de que el tema ya no puede ser ignorado.
